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Programa de prevención de delitos en empresas

Mon, 12 Sep 2022 19:33:54 GMT

INTRODUCCIÓN

H ablar de lavado de dinero resulta ser un tema delicado y que presenta serios desafíos para este mundo globalizado, sus afectaciones no son solo sociales, políticas, culturales y ambientales, sino también financieras y económicas.

De ahí la importancia de mitigar este delito, no olvidemos que México ocupa el tercer lugar a nivel mundial en lavado de dinero después de Rusia y China y sus consecuencias pueden tener un impacto alto. Ante este panorama conviene formular las siguientes interrogantes:

¿De qué forma impacta el lavado de dinero en las empresas?

¿Cuáles son los alcances e implicaciones en un contexto global?

LA LUCHA DE MÉXICO FRENTE AL LAVADO DE DINERO.

En México, combatir el lavado de dinero no ha resultado una tarea fácil, debido a que la delincuencia organizada ha encontrado la manera de “ajustarse” a los cambios promovidos por la autoridad; de ahí la necesidad de contar con un sistema de Prevención de Lavado de Dinero actualizado, eficaz y capaz de combatir y mitigar los riesgos.

De acuerdo al informe “Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) 2020”, emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se identificaron los factores que pueden representar una amenaza o vulnerabilidad al sistema de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), entre los cuales, por citar algunos, se menciona como una amenaza la corrupción por socavar la capacidad para investigar y perseguir los delitos y, como una vulnerabilidad la economía informal, al ser considerado un fenómeno presente dentro de los países clasificados como en “vías de desarrollo” y que amparado bajo el comercio informal se ingresan al sector financiero grandes cantidades de efectivo. Por lo que resulta benéfico para los grupos delictivos ya que actúa como una barrera protectora alrededor del delito de lavado de dinero por ser lo suficientemente grande como para ocultar en ella recursos de procedencia ilícita.

¿QUE VIENE PARA LAS EMPRESAS?

Ahora bien, ¿Qué está sucediendo en las empresas?, ¿Están conscientes de las implicaciones que trae consigo el filtrase recursos de procedencia ilícita en su organización y de los alcances de este delito?, ¿Los empresarios saben que deben cumplir con estándares de prevención de blanqueamiento de capitales y conocen las multan tan excesivas por incumplimiento?

Considerando lo anterior, es de suma importancia que los sujetos obligados del Artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) empiecen a reconocer la normativa vigente y dar cumplimiento a la misma.

No obstante lo anterior, recordemos que en la iniciativa de reforma de la Ley Antilavado, una de las principales adhesiones y que será nuestro tema, es el que los sujetos obligados lleven a cabo una evaluación que les permita identificar, analizar, entender y mitigar su nivel de riesgo, en otras palabras, un Enfoque Basado en Riesgos. Esto nos confirma que las empresas deben coadyuvar a fortalecer el sistema de prevención de lavado de dinero, una tarea que no resulta sencilla por que viene a sumar una obligación más y posiblemente un costo.

¿COMO DEBEN AFRONTAR LOS CAMBIOS LOS SUJETOS OBLIGADOS?

Si regresamos un poco a la historia, en el año 2018, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) realizó una evaluación de riesgos de LD/FT, respecto a las medidas que México tenía contra el LD/FT y en la cual hace sus recomendaciones acerca de cómo fortalecer el sistema de prevención de lavado. Derivado de lo anterior, la Recomendación 1 del GAFI establece que los países, deben primero identificar, evaluar y entender los riesgos que enfrentan tomando en cuenta información relevante para luego adoptar las medidas adecuadas para mitigarlos, para lo cual un Enfoque Basado en Riesgo (EBR) permite que los países implementen acciones más flexibles…

De ahí que México tiene un compromiso internacional de dar cumplimiento a esta Recomendación; sin embargo, en el proyecto de reforma de la Ley Antilvado se menciona ya sobre la nueva obligación que tendrán las Actividades Vulnerables, pero realmente no se menciona como hacerlo y tampoco nos hace referencia a utilizar las Guías emitidas por el GAFI o las Guías de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para tenerlas de antecedente.

Ante esta circunstancia, surge el siguiente cuestionamiento: ¿Los sujetos obligados deben esperar o deben actuar para identificar y mitigar el riesgo de ser utilizados para lavar dinero? Por lo anterior, es importante que los sujetos obligados entiendan que su objetivo en todo esto es la prevención a través de la identificación de riesgos y como mitigarlos, no solo es cumplir con la Ley para evitar una multa.

Es importante también hacerse las siguientes preguntas: ¿En dónde estoy ubicado?, ¿Qué productos o servicios vendo?, ¿Quienes son mis clientes?, ¿Cuáles son mis políticas de cobro?, ¿Qué variables o indicadores deberían de controlarse para detectarse estas anomalías?, ¿Con qué frecuencia cabe esperar que se produzcan esos eventos?, ¿Qué consecuencias pueden tener sobre la actividad y la rentabilidad?

Implementar un Enfoque Basado en Riesgos no resulta una tarea fácil; sin embargo, es conveniente analizar algunos de sus beneficios:

i) La organización se anticipa a los cambios.

ii) Crea conciencia en todos los empleados sobre la importancia de realizar una adecuada identificación de riesgos.

iii) Mejora los resultados de la identificación de las oportunidades y de las amenazas a las que se enfrenta la organización.

iv) Crea una mayor confianza, lo que permite mejorar el proceso de toma de decisiones y la planificación.

v) La implementación de Políticas, Procedimientos y Controles Internos son consistentes con el nivel de riesgo.

Como se observa, un enfoque basado en riesgos es una forma de anticiparse, de tomar mejores decisiones ante una situación adversa, es blindar de alguna manera el patrimonio de la empresa; sin embargo, se debe ser consciente de que un riesgo no se elimina, por lo cual la alusión de que debe monitorearse y actualizarse.

CONCLUSIONES

Debemos tener presente que esta Ley no solo refiere el envío de avisos, su objetivo primordial es proteger y prevenir y para lograrlo debemos apegarnos al Marco Normativo Nacional que regula la Prevención de Lavado de Dinero y el Marco Normativo Internacional al que pertenece o es miembro México.

Las Actividades vulnerables, personas físicas y morales deben estar conscientes del grado de responsabilidad que tienen y que establecer un sistema de prevención de lavado de dinero que les permita el correcto cumplimiento normativo les evitará caer en la comisión de un delito, ya que como refirió Louis Brandeis “Si deseamos respeto a la ley, debemos primero hacer la ley respetable”.

Bibliografía

Evaluación Nacional de Riesgos 2020, emitida por la UIF

Medidas Antilavado y contra la financiación del terrorismo. México, Informe de Evaluación Mutua, Enero 2018.GAFI

Las 40 Recomendaciones, GAFI.

Proyecto de Dictamen de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)

Corrupción y lavado de dinero en actividades vulnerables y no vulnerables.

Mon, 12 Sep 2022 18:55:31 GMT

Introducción

Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre exfuncionarios y funcionarios políticos, empresarios y artistas que se han visto involucrados en una red de corrupción y lavado de dinero en nuestro país, generando un fuerte impacto, al ser uno de los mayores males que enfrenta nuestra sociedad, ya sea por cuestión cultural, de cumplimiento de las leyes o por problemas del Estado de derecho.

Lo que es un hecho, es que la corrupción se encuentra en todos los países, ya sea desarrollado o en proceso de desarrollo y se puede dar tanto en el sector público como privado, Además, a nivel global la corrupción mueve grandes cantidades de dinero y, en fusión con el Lavado de Dinero, corrompen la Integridad de las Actividades Vulnerables y no Vulnerables.

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA CORRUPCIÓN.

Últimamente a tomado mucha fuerza el combate a la corrupción y de acuerdo con Transparencia Internacional (2009, pág. 14), corrupción es “el abuso del poder para beneficio propio” y, como sabemos, la corrupción no respeta razas, condiciones de países: desarrollados o en proceso de desarrollo; sectores públicos o privados, este delito de una u otra forma se hace presente en el día a día.

Ahora bien, si nos enfocamos a la corrupción en el sector público, entiéndase, Personas Políticamente Expuestas (PPE), donde la misma se realiza a través de métodos delictivos como el soborno, malversación y robo de fondos públicos, extorsión, abuso de autoridad, intimidación, tráfico de influencia, etc., se pueden interpretar dos supuestos: I) que la corrupción es alimentada por el lavado de dinero, porque si los funcionarios públicos corruptos carecen de la posibilidad de lavar alguno de los delitos antes mencionados, el aliciente para participar en estas conductas criminales se aminora, y II) la corrupción también se ha detectado como uno de los principales delitos precedentes de lavado de dinero y un mal social complicado de aniquilar.

En resumen, la conexión existente entre la corrupción y el lavado de dinero es la capacidad de transferir y ocultar fondos a gran escala, es decir, los actos de corrupción, que, al ser ilícitos, requieren ser sometidos a mecanismos que oculten su origen para darles apariencia de legalidad, utilizando técnicas similares como la creación de empresas fachada, prestanombres, uso de efectivo, fideicomisos, paraísos fiscales, etc.

En 2015 las autoridades crean el Sistema Nacional Anticorrupción y el Código Penal Federal a fin de castigar conductas de corrupción. Por su parte, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su Informe de Evaluación Mutua de enero de 2018 y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en su Evaluación Nacional de Riesgos 2020, mencionan: la corrupción no solo es una fuente de fondos ilegales, sino que también hace posible el Lavado de Dinero y sus delitos precedentes, sumando que, sus niveles socavan la capacidad de las autoridades para investigar y perseguir el ilícito.

Factores que debilitan a las actividades vulnerables y no vulnerables producto de la corrupción y lavado de dinero.

Para nadie es un secreto que las Micro, Pequeñas y Medianas empresas son el sostén de nuestra economía, pero también es cierto que sus principales debilidades son la falta de conocimiento empresarial, activo fijo insuficiente o no apto, falta de liquidez para crecer, no hacer planeación, falta de asesoría legal, factores internos como conflicto de intereses y roles duales, poder centralizado, compras poco razonables y a un solo proveedor, favoritismos, entre otros y que, al combinarse con los factores externos, resultan en una enorme carga para su desarrollo y competencia con las grandes empresas. Con esto es posible concluir que no solo las Actividades Vulnerables pueden ser sujetas a actos de corrupción o de Lavado de Dinero, o en su caso, a ambos delitos, debido a que el riesgo está presente en todo momento.

La corrupción puede no denunciarse por miedo, por amenazas, por la falta de protección a testigos, falta de integridad y ética; pero, si hablamos de lavado de dinero, las situaciones son las siguientes: I) una vez ingresados los recursos al Sistema Financiero son utilizados para adquirir automóviles, inmuebles, joyería, obras de arte, etc., consideradas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) como Actividades Vulnerables catalogadas como operaciones capaces de utilizarse en el blanqueo de capitales y mismas que deberán dar cabal cumplimento a las obligaciones normadas en Ley, Reglamento y Reglas de Carácter General y II) los delincuentes al sentirse limitados y vigilados voltean a ver otros negocios en donde pueden operar con toda libertad porque aún no se encuentran a los ojos de la autoridad y por las debilidades internas que pudiera presentar cada una de estas empresas.

En aras de que estos delitos no se vean inmersos y sigan afectando la economía del país, las Actividades Vulnerables y No Vulnerables tendrían que empezar a implementar medidas que vayan fortaleciendo sus cimientos para impedir la entrada a estos dos delitos, entre ellos podemos enumerar el manual de organización y procedimientos con funciones y responsabilidades delimitadas, un código de ética, un modelo de buenas prácticas para la prevención, el combate a la corrupción y promoción de la integridad, mecanismos de vigilancia, entrenamiento y capacitación y evitar empleados tóxicos.

El 30 de septiembre de 2020 la UIF publicó para los Sujetos Obligados del artículo 17 de la LFPIORPI la Guía Anticorrupción, donde sugiere cinco herramientas para identificar y mitigar los riesgos con este tipo de actos: I) Enfoque Basado en Riesgos (EBR), II) Debida diligencia del cliente o usuario (DCC), III) Personas Políticamente Expuestas (PPE), IV) Beneficiario Final y V) Reporte de Operaciones Sospechosas (Aviso 24 horas) .

CONCLUSIONES.

Podemos concluir que en nuestro país no se ha realizado una reforma sustancial que proteja a aquellos que realizan Actividades Vulnerables y No Vulnerables y que aportan alrededor del 52% del Producto Interno Bruto (PIB). Resulta incongruente que la normativa se encuentre tan limitada y mal implementada cuando mucho se ha hablado como estrategia de este Gobierno el prevenir estos delitos ampliando acciones y procesos eficaces y transparentes e involucrar más a los particulares.

Ejemplo de esto, es la Guía Anticorrupción (UIF,2020), donde se lee lo siguiente: “esta guía no es de carácter vinculante y no establece obligaciones adicionales a las previstas en la LFPIORPI, en su Reglamento, Reglas de Carácter General y formatos oficiales de avisos e informes”. Entonces, como particular puedo o no hacerle caso mostrando aquí la contradicción del compromiso y las brechas que existen entre el Gobierno y las Instituciones competentes.

En mi opinión, puede existir la corrupción sin lavado de dinero, pero no el lavado de dinero sin corrupción, por ello, considero que la Integridad no tiene necesidad de reglas y que como sociedad es hora de trabajar en equipo, con nuestra familia, con nuestros empleados y el Gobierno para obtener mejores resultados y combatir estos principales delitos, que son las actividades que generan más ingresos delictivos y que traen consigo grandes consecuencias sociales, financieras y económicas que nos debilitan como país.

Riesgo creciente de lavado a activos por tráfico de migrantes.

Mon, 12 Sep 2022 18:42:04 GMT

El tráfico de migrantes, considerado un delito creciente que deja ganancias anuales cerca de los 7 mil millones de dólares, representando un negocio atractivo para los grupos delincuenciales y un reto para las autoridades al combatir que “el dinero sucio” se filtre al sistema financiero, y para las empresas, al verse obligadas a implementar sistemas de prevención de lavado de dinero.

Introducción

Al día de hoy, la migración en todo el mundo ha alcanzado gran afluencia principalmente en las dos últimas décadas, las causas, por citar algunas son: las económicas, políticas y sociales; sin embargo, el factor más significativo es el económico, esto es, los individuos en la búsqueda de mejorar sus condiciones de vida, son atraídos por lugares donde las oportunidades de educación, salud y laborales son más atractivas, sobre todo las últimas, ya que ofrecen mejores remuneraciones.

¿Representa la migración una ventaja económica para el país de los migrantes?, ¿los países cuentan con políticas y procedimientos que permitan identificar este acto ilícito? ¿Basta con las leyes promulgadas para erradicar con este delito?

No obstante, el costo por el tráfico ilícito de migrantes puede medirse por la pérdida de vidas y por ser considerado como un negocio mundial, que se estima, reditúa ganancias cerca de los 7 mil millones anuales, haciendo de las organizaciones de traficantes de migrantes negocios altamente lucrativos, como refiere Ericka Aguirre:

“Un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC, por sus siglas en inglés) encontró, por medio de un estudio global, que los traficantes de personas obtienen un promedio de $7,000 millones al año como producto de sus actividades delictivas.

El informe consigna que un mínimo de 2.5 millones de migrantes son tratados anualmente. Ericka Aguirre, coordinadora de proyecto y experta legal de la UNODC para América Central y el Caribe, le dijo a LA PRENSA GRÁFICA que el tráfico ilícito de migrantes es un delito transnacional de magnitudes "insospechadas pero invisibilizadas", pues por su naturaleza "los traficantes de personas utilizan diferentes rutas y estrategias". Otro de los hallazgos de la UNODC es que los delitos de crimen organizado transnacional está estrechamente vinculados entre sí, debido a que las organizaciones suelen dedicarse a diferentes rubros ilícitos que les generan ganancias”. (Flores, 2020) [1]

Por lo anterior, cada vez toma mayor relevancia erradicar el riesgo creciente del tráfico de migrantes; sin embargo, esto no resulta una tarea fácil, ya que es justo en este punto donde se centra la problemática por ser una actividad compleja, ya que para demostrar la responsabilidad de los polleros, coyotes o traficantes de personas -dependiendo de la región o de quien se refiera a ellos-, deben ser detenidos en flagrancia.

Esta figura es considerada también, como un delito creciente de alto riesgo que conlleva al lavado de activos y como una “amenaza emergente” que indica una tendencia creciente en la comisión de estos ilícitos.

¿QUÉ ES EL TRÁFICO DE MIGRANTES?

Se entiende por tráfico de migrantes a la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material [2] .

A grandes rasgos, el tráfico de migrantes se caracteriza por: (i) el migrante tiene contacto directo con el “pollero o coyote”, (ii) trae consigo el cruce de fronteras, (iii) la forma de pago siempre es esencial para el traslado, (iv) la relación entre el traficante y migrante se termina una vez llegado a su destino, y (v) es considerado un delito por violar las leyes.

¿QUÉ SE ENTIENDE POR LAVADO DE ACTIVOS?

El lavado de activos consiste en dar apariencia de legalidad a las ganancias provenientes de actividades ilícitas realizadas por las organizaciones criminales, las cuales buscan ingresar estos recursos en el flujo de la economía con el propósito de ocultar su origen e integrarlo al sistema económico legal.

Uno de los efectos negativos más importantes derivados del lavado de activos son los grandes costos sociales y económicos que se reflejan en efectos perversos sobre el gasto público y sobre los ingresos de las empresas y de los hogares, en sectores dinamizadores de la economía y, por tanto, en la calidad de vida de las personas (menor generación de empleo y menor reducción de la pobreza).

Derivado de lo anterior, debemos partir de que el lavado de activos busca dar una “apariencia de legalidad”, esto es, la delincuencia organizada trata de “lavar” sus ganancias filtrándose al sistema financiero, lo que de manera indirecta expone a las empresas a riesgos legales, fiscales, operativos y de reputación, por citar algunos, sin olvidar, el efecto negativo que esto representa en el mercado laboral y para la economía en su conjunto.

EL TRÁFICO DE MIGRANTES COMO UN RIESGO CRECIENTE PARA EL LAVADO DE ACTIVOS

Antes de abordar la relación entre los delitos de lavado de activos y el tráfico de migrantes, es útil ver algunas de las causas por las que se realizan esas actividades en nuestro país. Como primera causa, el tráfico de migrantes es un delito complejo, por ser la parte socioeconómica una de las ventajas de que gozan las organizaciones delictivas en sus márgenes costo-beneficio; otra causa, es el endurecimiento de las políticas migratorias, lo que conlleva a elevar los costos del ingreso ilegal de inmigrantes y que por lo tanto hace más atractiva esta actividad para la delincuencia organizada.

Un problema más, es la falta de manuales de políticas efectivas y procedimientos para el correcto uso de las herramientas proporcionadas por la Ley, ya que la falta de coordinación entre las instituciones encargadas y/o responsables facilita este acto ilícito.

El riesgo creciente de lavado de activos muestra algunas de las siguientes señales de alerta relacionadas con el tráfico de migrantes:

(i) Pitufeo o smurfing

(ii) Uso del testaferro

(iii) Envío de giros o transferencias que son centralizados y cobrados por un mismo beneficiario en un lugar específico

(iv) Grupo de personas aparentemente familiares que hacen transacciones esporádicas, pero siempre con las mismas características (monto, frecuencia, datos de contacto, etc.)

(v) Un mismo remitente que envía giros a varios beneficiarios sin una relación aparente, etc.

Ahora bien, considerando lo anterior, es recomendable que las empresas tomen medidas que les permitan contar con mecanismos cuya finalidad sea conocer a su cliente, monitorear las operaciones que puedan ser de alto riesgo para lo cual podrá apoyarse de los avances tecnológicos, capacitar a su personal , documentar las operaciones que realice con sus clientes y proveedores, incluir controles en los procesos y actualizar los manuales de políticas y procedimientos, así como establecer códigos de ética donde se identifiquen situaciones de riesgo y la forma en que deben actuar y dirigirse los empleados, entre otros, esto con la finalidad de evitar que las ganancias por este acto ilícito se filtren en el sistema financiero y que el empresario indirectamente se vea involucrado en la comisión de alguna conducta atípica.

Es por ello, que en México, con la finalidad de contender a estos grupos delincuenciales que tienen como fin principal el tráfico de migrantes, el marco jurídico contempla: artículo 159 de la Ley de Migración [3] , artículo 2, fracción III de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada [4] , artículo 11-Bis, fracción IX, apartado A, fracción II, apartado B y artículo 366-Ter del Código Penal Federal [5] y en el ámbito internacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, este tratado internacional establece políticas que los países miembros deben adoptar para prevenir, combatir y procesar este tipo de actos ilícitos; de igual manera, en su artículo 10, hace referencia a la responsabilidad de las personas jurídicas, que es un tema que le es propio a las empresas, ya que deberán medir su riesgo e implementar sistemas de prevención de lavado de dinero respecto de la filtración de dinero ilícito en temas de delitos por tráfico de migrantes . [6]

CONCLUSIONES

El riesgo creciente del lavado de activos por el tráfico de migrantes es un delito que consiste en el desplazamiento de recursos ilícitos, mismos que aún no han sido controlados por las autoridades competentes por su alto grado de complejidad que en la práctica resulta ser; también es claro que genera imperfecciones en los mercados laborales y promueve el crecimiento de la economía subterránea evadiendo la carga impositiva. Debido a ello, las personas físicas y morales deben estar conscientes del grado de responsabilidad que tienen ante este tipo de conductas, y por ello deberán accionar a través de políticas y procedimientos de salvaguarda y de verificación para establecer un sistema de prevención que le permita a las empresas el correcto cumplimiento normativo y evite así caer en la comisión de algún posible delito.

[1] Ricardo Flores, Traficantes de personas obtienen $7,000 millones al año, www.eleconomista.net , 31 de julio de 2020.

[2] Artículo 3o., inciso a, del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire

[3] Artículo 159. Se impondrá pena de ocho a dieciséis años de prisión y multa de cinco mil a quince mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien: I. Con propósito de tráfico lleve a una o más personas a internarse en otro país sin la documentación correspondiente, con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro; II. Introduzca, sin la documentación correspondiente, a uno o varios extranjeros a territorio mexicano, con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, o III. Albergue o transporte por el territorio nacional, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria.

[4] Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada: III. Tráfico de personas, previsto en el artículo 159 de la Ley de Migración;

[5] Artículo 11 Bis.- Para los efectos de lo previsto en el Título X, Capítulo II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a las personas jurídicas podrán imponérseles algunas o varias de las consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido en la comisión de los siguientes delitos: A. De los previstos en el presente Código: IX. Tráfico de menores o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, previsto en el artículo 366 Ter;  B. De los delitos establecidos en los siguientes ordenamientos: II. Tráfico de personas, previsto en el artículo 159, de la Ley de Migración;  Artículo 366 Ter.- Comete el delito de tráfico de menores, quien traslade a un menor de dieciséis años de edad o lo entregue a un tercero, de manera ilícita, fuera del territorio nacional, con el propósito de obtener un beneficio económico indebido por el traslado o la entrega del menor.

[6] Artículo 10 Responsabilidad de las personas jurídicas 1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por participación en delitos graves en que esté involucrado un grupo delictivo organizado, así como por los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención. 2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa. 3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas naturales que hayan perpetrado los delitos. 4. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sanciones penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al presente artículo.

Lavado de dinero, un riesgo que debilita a las empresas mexicanas.

Mon, 11 Jul 2022 16:49:03 GMT

INTRODUCCIÓN

¿De qué forma impacta el lavado de dinero en las empresas?

¿Cuáles son los alcances e implicaciones en un contexto global?

LA LUCHA DE MÉXICO FRENTE AL LAVADO DE DINERO.

¿QUE VIENE PARA LAS EMPRESAS?

¿COMO DEBEN AFRONTAR LOS CAMBIOS LOS SUJETOS OBLIGADOS?

Implementar un Enfoque Basado en Riesgos no resulta una tarea fácil; sin embargo, es conveniente analizar algunos de sus beneficios:

i) La organización se anticipa a los cambios.

ii) Crea conciencia en todos los empleados sobre la importancia de realizar una adecuada identificación de riesgos.

iii) Mejora los resultados de la identificación de las oportunidades y de las amenazas a las que se enfrenta la organización.

iv) Crea una mayor confianza, lo que permite mejorar el proceso de toma de decisiones y la planificación.

v) La implementación de Políticas, Procedimientos y Controles Internos son consistentes con el nivel de riesgo.

CONCLUSIONES

Bibliografía

Evaluación Nacional de Riesgos 2020, emitida por la UIF

Medidas Antilavado y contra la financiación del terrorismo. México, Informe de Evaluación Mutua, Enero 2018.GAFI

Las 40 Recomendaciones, GAFI.

Proyecto de Dictamen de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)

Importancia de la Matriz de riesgos penales

Mon, 04 Jul 2022 16:49:03 GMT

Introducción

Un tema que ha venido cobrando importancia en los últimos años en México es “el riesgo en el ámbito empresarial” y no vayamos tan lejos, todos los días nos encontramos inmersos a riesgos en cada una de las actividades que realizamos, sin embargo, siempre tenemos un plan de acción o tomamos medidas preventivas, lo mismo debe suceder en las empresas para poder eximirla de una sanción.

Por ello, resulta oportuno que las empresas puedan determinar los riesgos a que están expuestas según su giro, para así, evitar caer en la comisión de un delito y atenuar una posible sanción penal en contra de la persona jurídica.

Derivado de lo anterior, se señala que al realizar un análisis y evaluación de riesgos se permite identificar a las actividades que puedan implicar un riesgo e implementar planes y acciones que coadyuven a mitigarlos, dicha información será expuesta de forma gráfica en la matriz de riesgos.

ANÁLISIS DE RIESGOS

Entiéndase que el análisis de riesgos es uno de los elementos en los que se sustenta cualquier modelo de prevención y control de delitos y que una vez identificado se tiene que especificar la causa de su origen y la relación de las conductas delictivas asociadas. Ahora bien, para la valoración, se tomarán en cuenta los elementos de probabilidad e impacto y dicha valoración se representará a través de la matriz de riesgos.

La importancia que merece el análisis de riesgos a nivel interno, supone detectar las actuaciones llevadas a cabo por el personal que labora en la empresa a fin de detectar cualquier posible riesgo penal. Estas acciones pueden ser llevadas a través de entrevistas ya teniendo identificados los posibles delitos vinculados con la actividad de la empresa. Por lo que respecta a nivel externo, entiéndase, a los que está expuesta la empresa, se relacionan algunos: i) riesgos inherentes (estafa, derechos de propiedad intelectual e industrial, lavado de dinero), ii) riesgo por operaciones (tráfico de influencias), iii) riesgo por nuevas líneas de negocio, iv) riesgo por relaciones entre socios o alidos.

¿QUÉ ES LA MATRIZ DE RIESGOS PENALES?

A manera de introducción, enténdamos por matriz de riesgos aquella herramienta de control y gestión que permite identificar las actividades más importantes de la empresa, el tipo y nivel de riesgos inherentes a que está expuesta y los factores relacionados con estos riesgos, así también, evalúa la efectividad de una adecuada gestión y administración de riesgos que pudiera impactar en los resultados de la empresa.

Algunos de sus objetivos son el dimencionar los riesgos y saber si están controlados o no, priorizar acciones, proteger los objetivos de la empresa y lograr la mejora continua; además, de que sus ventajas tienen efectos preventivos, es adapatable y permite mejorar el desempeño al enfocarse en los riesgos de alta prioridad.

Ahora bien, una matriz de riesgos penales tiene por función analizar y evaluar el riesgo por la comisión de delitos en el seno de una empresa o las actividades en cuya esfera puedan ser cometidos los delitos, teniendo como finalidad el aplicar de forma más eficiente las medidas de prevención y la toma de decisiones correctas.

Para elaborar la matriz de riesgos se debe definir que se busca evaluar y prevenir, las actividades en las que el riesgo pueda materializarse y además, identificar las áreas y/o empleados involucrados, por otro lado, es fundamental identificar toda la normativa aplicable al negocio para diseñar las estrategias y procedimientos necesarios con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones legales, coadyuvando a protegerse de situaciones de riesgo, que en casos drásticos, puedan suponer la no continuidad del negocio.

De igual manera, implica analizar el tamaño y estructura de la empresa, su ubicación y los sectores en los que opera, las entidades sobre las que tiene control y el conocimiento de los socios.

Por último, es importante señalar que esta herramienta requiere ser actualizada de manera constante por los cambios normativos y por las actividades que realiza la empresa que puedan impactar en la valoración del riesgo.

CONCLUSIÓN

Sobre este contexto, es de gran importancia que las empresas consideren elaborar una matriz de riesgos penales, que les permita tomar decisiones a poner en acción para prevenir la comisión de un delito y eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica.

Debemos tener presente que debe ser un documento dinámico y que debe ser un traje a la medida en base a las necesidades y especificaciones particulares que cada compañía tenga.